Que te denieguen la exoneración del pasivo insatisfecho en primera instancia no significa que el caso esté perdido. Este principio, que para muchos puede parecer contraintuitivo, es exactamente lo que vivió J. M. F.: el juzgado de instancia denegó su EPI; SYR Legal recurrió; y la Audiencia Provincial de Bizkaia concedió la exoneración aplicando la nueva doctrina del Tribunal Supremo publicada en febrero de 2026. El resultado: 24.214,17 euros exonerados frente a cuatro acreedores, incluyendo la Tesorería General de la Seguridad Social. Y todo ello después de haber vencido la oposición activa de la Diputación Foral de Bizkaia, que contaba con letrado propio y luchó el caso hasta la apelación.
El problema: una derivación de responsabilidad que bloqueaba la EPI
El caso de J. M. F. presentaba una complicación técnica que, hasta febrero de 2026, habría bastado para cerrar el acceso a la segunda oportunidad en la mayoría de los juzgados: la Diputación Foral de Bizkaia había dictado en 2021 un acuerdo firme de derivación de responsabilidad subsidiaria contra él por deudas tributarias de una entidad de la que había formado parte. El importe de esa derivación ascendía a 1.581,90 euros.
El artículo 487.1.2.º del TRLC establece que no puede acceder a la EPI quien, en los diez años anteriores a la solicitud, haya sido objeto de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que lo haya satisfecho íntegramente antes de presentar la solicitud. En el caso de J. M. F., la derivación era firme y no estaba saldada en el momento de la solicitud. El juzgado de primera instancia aplicó la norma de forma literal y denegó la exoneración.
| ¿Qué es un acuerdo de derivación de responsabilidad? Es una resolución administrativa mediante la que la Agencia Tributaria o la Seguridad Social trasladan a un tercero —habitualmente un administrador o socio de una entidad— la responsabilidad por las deudas que esa entidad no ha pagado. No es una sanción penal ni una condena por fraude: es un mecanismo de garantía que permite a la Administración cobrar de personas vinculadas a la entidad deudora. |
La estrategia: recurrir apoyándose en la nueva jurisprudencia europea y española
SYR Legal recurrió la sentencia denegatoria argumentando dos cuestiones jurídicas de fondo: la falta de proporcionalidad del artículo 487.1.2.º TRLC a la luz de la Directiva europea de insolvencia (2019/1023) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 7 de noviembre de 2024, asunto Corván y Bacigán), y la inaplicación del principio de proporcionalidad al caso concreto, dado que la derivación implicaba únicamente 1.581,90 euros sobre un pasivo total de más de 40.000 euros.
En el momento de dictar la sentencia apelada, esos argumentos no habían sido acogidos por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el 18 de febrero de 2026 — estando el recurso pendiente de resolución — el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó varias sentencias que cambiaron radicalmente el panorama.
La jurisprudencia que lo cambió todo: STS 262/2026, de 18 de febrero
La STS 262/2026, de 18 de febrero de 2026 (rec. 1939/2024, ECLI:ES:TS:2026:439) resolvió definitivamente la cuestión sobre el artículo 487.1.2.º TRLC. El Tribunal Supremo concluyó que la exclusión de la EPI por derivación de responsabilidad no está debidamente justificada en el preámbulo de la Ley 16/2022 ni en el proceso legislativo, como exige la Directiva europea.
El argumento central del Tribunal Supremo es que la derivación de responsabilidad no es una sanción por conducta infractora, sino un mecanismo de garantía.
A diferencia de las sanciones tributarias graves o las infracciones muy graves de Seguridad Social —que implican uso de medios fraudulentos y sí justifican la exclusión—, la mera existencia de una derivación de responsabilidad no evidencia por sí sola una conducta dolosa o gravemente negligente del deudor.
| Doctrina STS 262/2026 — texto clave«Mientras no conste acreditado que el acuerdo de derivación de responsabilidad trae causa de una conducta fraudulenta del administrador equiparable a aquellas merecedoras de sanción por infracción muy grave, esta excepción del inciso segundo del párrafo primero del art. 487.1.2.º carece de la debida justificación para privar al deudor concursado del acceso a la exoneración de deudas.»STS 262/2026, de 18 de febrero de 2026 · Sala de lo Civil del Tribunal Supremo |
La sentencia de apelación: la Audiencia cambia su propio criterio
La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia, en su sentencia de 9 de abril de 2026, aplicó la nueva doctrina del Tribunal Supremo y declaró expresamente que cambiaba el criterio que había venido manteniendo hasta la fecha. Es un pronunciamiento de especial relevancia: el tribunal de apelación reconoce abiertamente que su interpretación anterior era incorrecta a la luz de la nueva jurisprudencia del Supremo, y lo corrige.
Aplicando la STS 262/2026, la Audiencia concluyó que la derivación de responsabilidad dictada contra J. M. F. no traía causa de una conducta fraudulenta acreditada equiparable a las merecedoras de sanción por infracción muy grave. Por tanto, la exclusión del artículo 487.1.2.º TRLC no era aplicable y procedía conceder la exoneración.
La segunda novedad: el crédito público subordinado es exonerable
La sentencia aplicó también la STS 260/2026, de 18 de febrero, que introdujo otra novedad relevante: los créditos públicos de carácter subordinado —aquellos que en el concurso se postergan frente a los ordinarios— deben exonerarse íntegramente, al margen de los límites cuantitativos del artículo 489.1.5.º TRLC. El principio de proporcionalidad exige que los créditos que el propio derecho concursal trata como de segunda categoría no puedan al mismo tiempo ser excluidos de la exoneración.
Asimismo, la misma resolución clarificó que el límite exonerador del artículo 489.1.5.º se aplica a todo crédito público con independencia de qué administración lo recaude: no solo los créditos de la AEAT y la TGSS, sino también los de haciendas autonómicas, provinciales y locales. Esto permitió exonerar el crédito del Consorcio de Aguas de Bilbao (800 €) en su totalidad.
Resultado: 24.214,17 € exonerados
| Acreedor | Naturaleza | Cuantía exonerada | Estado |
| Comunidad de Propietarios | Privado | 15.000,00 € | ✅ Exonerado |
| Sociedad General de Autores (SGAE) | Privado | 2.857,00 € | ✅ Exonerado |
| Consorcio de Aguas de Bilbao | Público local | 800,00 € | ✅ Exonerado |
| TGSS (crédito no subordinado) | Público | 5.557,17 € | ✅ Exonerado |
| TOTAL EXONERADO | 24.214,17 € | ||
Créditos exonerados según el fallo de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.ª, sentencia de 9 de abril de 2026.
Respecto a la deuda con la Diputación Foral de Bizkaia —la que originó la derivación y toda la controversia— el propio deudor la había satisfecho voluntariamente durante la tramitación del recurso, por lo que la sentencia no tuvo que pronunciarse sobre ella.
| Resultado obtenido en apelación EPI definitiva concedida en segunda instancia, revocando la denegación de primera instancia 24.214,17 € exonerados frente a cuatro acreedores Victoria contra la Diputación Foral de Bizkaia, que actuó como parte opositora con letrado propio Nueva doctrina aplicada: STS 262/2026 y STS 260/2026, de 18 de febrero de 2026 La Audiencia cambia su propio criterio y lo declara expresamente en la sentencia Sin condena en costas ni en apelación ni en el incidente concursal |
Qué implica este caso para personas en situación similar
Si te han denegado la EPI por una derivación de responsabilidad
La STS 262/2026 supone un cambio de paradigma para todos los casos en que la EPI fue denegada o se está tramitando con una derivación de responsabilidad en el historial. La norma ya no opera como una exclusión automática: ahora requiere que la Administración acredite que esa derivación trae causa de una conducta fraudulenta comparable a una infracción muy grave. Si no puede acreditarlo, el obstáculo desaparece.
Si tu caso fue denegado antes de febrero de 2026 por esta causa, puede existir la posibilidad de recurrir —siempre que los plazos procesales lo permitan— o de replantear la solicitud a la luz de la nueva jurisprudencia. Es imprescindible analizar cada caso de forma individualizada.
Si eres autónomo o administrador con deudas tributarias
Muchos autónomos y administradores de sociedades arrastran derivaciones de responsabilidad subsidiaria por deudas de entidades ya inactivas. La doctrina del Tribunal Supremo de 2026 abre la puerta a la segunda oportunidad para este perfil, que hasta ahora veía la EPI como inaccesible. El punto de partida es siempre el mismo: un análisis riguroso de la situación concreta, los importes, la naturaleza de la derivación y los plazos disponibles.
La importancia de no rendirse en primera instancia
El caso de J. M. F. ilustra un principio fundamental: una denegación en primera instancia no es el fin del procedimiento. La apelación es una vía real y eficaz cuando existen argumentos jurídicos sólidos, y especialmente cuando el marco legal evoluciona —como ha ocurrido de forma extraordinaria con las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026. SYR Legal identificó esa evolución jurisprudencial en curso y construyó la estrategia de recurso sobre ella.
En SYR Legal seguimos de cerca la evolución jurisprudencial en materia de Ley de Segunda Oportunidad para aplicar en cada caso los criterios más favorables vigentes en cada momento. Si te encuentras en una situación de insolvencia, tienes una derivación de responsabilidad o te han denegado la EPI, consúltanos sin compromiso. El primer análisis es gratuito.
| ¿Te han denegado la EPI o tienes una derivación de responsabilidad tributaria? La nueva doctrina del Tribunal Supremo de 2026 abre la puerta a la exoneración en casos que antes se denegaban. En SYR Legal analizamos tu situación de forma gratuita y te decimos si puedes recurrir o iniciar el procedimiento. Consulta gratuita · syrlegal.com · Barcelona y Madrid |
Nota legal
Los datos identificativos del cliente han sido anonimizados para proteger su privacidad. Los hechos del procedimiento, los acreedores, los importes y el resultado son reales y corresponden a la Sentencia nº 000196/2026, dictada por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia el 9 de abril de 2026. Este contenido tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento legal individualizado.
