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Concurso de Acreedores · Ley de Segunda Oportunidad · EPI
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Si has llegado a esta página es porque estás en una situación económica difícil: deudas que se acumulan, acreedores que presionan, embargos que amenazan o una empresa que ya no puede seguir funcionando como hasta ahora. El concurso de acreedores no es el final de nada. Es, bien tramitado, la herramienta legal más potente que existe en España para ordenar una situación de insolvencia, proteger tu patrimonio y encontrar una salida real.
En 2025, más de 60.000 personas y empresas en España han encontrado esa salida a través del procedimiento concursal. En S&R Legal llevamos más de 12 años especializados en derecho concursal, con más de 4.000 procedimientos resueltos con éxito en toda España y una tasa de éxito del 99%. Si no sabes por dónde empezar, empieza aquí.
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Procedimiento judicial para la gestión ordenada de la insolvencia
¿Qué es el concurso de acreedores y cuándo debes solicitarlo?
El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), profundamente reformado por la Ley 16/2022. Su objetivo es organizar la situación de insolvencia de un deudor —persona física o empresa— de forma que los acreedores puedan cobrar de forma ordenada y el deudor pueda encontrar una salida real y viable a su situación financiera.
La ley es clara y no admite interpretaciones favorables a la inacción: si no puedes pagar tus deudas de forma regular, tienes la obligación legal de solicitar el concurso en un plazo máximo de dos meses desde que conoces tu situación de insolvencia. No hacerlo tiene consecuencias muy graves. Si el concurso se declara más tarde a instancia de los acreedores, el deudor pierde el control del proceso desde el primer momento y se expone a que el concurso sea calificado como culpable, con responsabilidad personal sobre su patrimonio privado y, en el caso de los administradores de empresas, con posible inhabilitación de hasta quince años.
Las señales que indican que es momento de actuar de forma inmediata son:
- Impago reiterado de deudas vencidas con varios acreedores durante más de tres meses
- Embargos activos sobre cuentas bancarias, nóminas o bienes, o amenaza inminente de embargo
- Imposibilidad de obtener financiación para cubrir pagos corrientes o mantener la actividad
- Certeza de que en los próximos tres meses no se podrán atender las obligaciones de pago
- Ejecuciones judiciales en curso que afectan de forma general al patrimonio
- Sobreseimiento generalizado en el pago de obligaciones tributarias, laborales o con la Seguridad Social
Cuanto antes se actúa, más opciones hay. El concurso solicitado de forma proactiva por el propio deudor —concurso voluntario— ofrece siempre mejores condiciones que el solicitado por los acreedores.
En el concurso voluntario, el deudor mantiene sus facultades de gestión y administración con la supervisión del administrador concursal. En el concurso necesario, instado por los acreedores, esas facultades quedan suspendidas desde el primer día.
En la mayoría de los casos, la vivienda habitual está protegida
Qué pasa con tu vivienda en el concurso de acreedores
La vivienda habitual rara vez se pierde en un concurso de acreedores. Desde la reforma de 2022, si la hipoteca está al día y el valor del inmueble no supera significativamente la deuda pendiente, el juez puede excluirla de la liquidación. Solo se ve comprometida en casos muy concretos: cuando no hay hipoteca o está casi amortizada, o cuando el valor de mercado supera claramente la carga hipotecaria. En S&R Legal analizamos cada situación antes de recomendar cualquier estrategia.
Un punto clave es que, mientras el concurso está activo y la hipoteca se mantiene al corriente de pago, el banco no puede ejecutarla. Esto ofrece una protección temporal fundamental para negociar la solución definitiva con el resto de acreedores sin perder el hogar en el proceso.
Dos fases del mismo proceso judicial, no dos alternativas distintas
Concurso de acreedores y Ley de Segunda Oportunidad: cómo se conectan
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial que organiza la insolvencia, paraliza los embargos y gestiona el patrimonio —el camino—, mientras que la Ley de Segunda Oportunidad es el resultado final al que aspiran las personas físicas: la exoneración definitiva de todas las deudas, el EPI. Son dos partes del mismo proceso, no dos alternativas distintas, y en S&R Legal las gestionamos de forma integrada diseñando desde el primer momento la estrategia que lleva del concurso a la exoneración en el menor tiempo y con el menor coste posible.
No es posible acceder a la Ley de Segunda Oportunidad sin pasar por el concurso de acreedores. El EPI es la resolución final del procedimiento concursal de una persona física: no existe fuera de ese marco procesal. Por eso, cuando alguien llega a S&R Legal con deudas que no puede pagar, lo primero que hacemos es diseñar la estrategia que conecta ambos procedimientos de la forma más eficiente posible.
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Personas físicas, autónomos y personas jurídicas en situación de insolvencia.
¿Para quién es el concurso de acreedores?
El procedimiento concursal no es exclusivo de las grandes empresas. Está diseñado para tres perfiles muy distintos, cada uno con sus particularidades, sus riesgos específicos y sus estrategias de defensa más adecuadas.
Para particulares
Una persona física sin actividad empresarial puede declararse en concurso de acreedores cuando no puede hacer frente a sus deudas personales: préstamos bancarios, tarjetas de crédito, créditos revolving, hipoteca, avales o cualquier otra obligación financiera acumulada. En la gran mayoría de los casos, al no existir bienes significativos, el procedimiento que aplica es el concurso sin masa o concurso exprés, que es la vía más rápida y económica.
El concurso de una persona física tiene un objetivo concreto: obtener el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), es decir, la cancelación judicial y definitiva de todas las deudas que no han podido ser satisfechas. Es lo que comúnmente se conoce como Ley de Segunda Oportunidad.
Los efectos son inmediatos desde el primer día del procedimiento: embargos paralizados, acoso de acreedores y empresas de recobro cesado, devengo de intereses suspendido y vida cotidiana recuperada. Muchas personas que llegan a S&R Legal llevan años con la nómina embargada cada mes, con el teléfono bloqueado por llamadas constantes y con la angustia permanente de no saber qué van a encontrar al abrir el buzón. Todo eso se para desde el momento en que presentamos la solicitud en el juzgado.
Para autónomos
El autónomo que no puede pagar sus deudas —con bancos, proveedores, Hacienda o la Seguridad Social— puede acogerse al concurso de acreedores sin necesidad de cerrar su negocio. La declaración de concurso no implica el cese automático de la actividad: el autónomo puede seguir trabajando, facturando y generando ingresos mientras se tramita el procedimiento.
Además, los bienes y herramientas indispensables para el ejercicio de su actividad profesional están protegidos de la liquidación. No se pueden embargar ni vender el ordenador, la maquinaria necesaria para trabajar, los vehículos imprescindibles para la actividad ni ningún otro bien sin el cual el autónomo no podría seguir generando ingresos. Esta protección es especialmente relevante para autónomos de sectores como la construcción, el transporte, la hostelería, el comercio o los servicios profesionales.
El objetivo final es el mismo que para el particular: obtener la exoneración de las deudas acumuladas mediante el EPI y volver a empezar con la actividad completamente saneada. Muchos autónomos que acuden a S&R Legal descubren que pueden continuar su actividad con normalidad, cancelar sus deudas pasadas y construir un negocio viable desde cero.
Para empresas
Cuando una sociedad —SL, SA u otra persona jurídica— no puede atender sus obligaciones de pago, el concurso de acreedores es el único mecanismo legal que la protege de las ejecuciones individuales de los acreedores y permite buscar una salida ordenada que preserve el valor del negocio, proteja el empleo y defienda a sus administradores de responsabilidad personal.
El concurso de una empresa puede desembocar en dos resultados:
Convenio con los acreedores. Si la empresa tiene un modelo de negocio viable, es posible proponer a los acreedores quitas (reducción del importe de las deudas) y esperas (aplazamiento de los plazos de pago). Un convenio aprobado permite que la empresa continúe su actividad y pague sus deudas de forma progresiva y asumible, sin necesidad de liquidar el patrimonio.
Liquidación ordenada. Si la empresa no tiene viabilidad o no se alcanza un convenio, el procedimiento lleva a la liquidación del patrimonio de forma organizada bajo la supervisión del administrador concursal y del juez. Bien tramitada, la liquidación concursal protege a los administradores de responsabilidad personal y cierra la empresa sin consecuencias jurídicas adicionales para sus socios. Actuar antes de que sean los acreedores quienes soliciten el concurso marca la diferencia entre controlar el proceso o perderlo por completo.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO CONCURSAL
Fases del concurso de acreedores: paso a paso
Fase de preconcurso: ganar tiempo antes del juzgado
Antes de la declaración formal del concurso existe una etapa previa de enorme importancia estratégica. El deudor que comunica al juzgado que ha iniciado negociaciones con sus acreedores activa de inmediato una protección de tres meses durante la cual no se pueden iniciar nuevas ejecuciones judiciales ni embargos por deudas anteriores. Las ejecuciones ya en curso también quedan suspendidas. Este período puede prorrogarse hasta seis meses en determinadas circunstancias.
El preconcurso es especialmente útil cuando la empresa tiene un modelo de negocio viable pero atraviesa una crisis de liquidez que puede resolverse con una reestructuración de la deuda, o cuando existe un grupo de acreedores con predisposición real a negociar. Si al final del período no se alcanza ningún acuerdo, el deudor debe presentar la solicitud de concurso de forma inmediata. En muchos casos, el preconcurso evita por completo el procedimiento judicial y sus costes asociados.
Fase común: declaración del concurso e inventario
La fase común se inicia con la declaración del concurso por parte del Juzgado de lo Mercantil mediante auto judicial. Desde ese momento quedan paralizadas todas las ejecuciones individuales en curso, se suspende el devengo de intereses de las deudas ordinarias y se nombra al administrador concursal.
Durante esta fase, el administrador concursal lleva a cabo dos trabajos fundamentales. El primero es elaborar el inventario de la masa activa: el conjunto completo de bienes y derechos del deudor, valorados de forma individualizada. El segundo es elaborar la lista de acreedores, clasificando cada crédito según su naturaleza y las garantías que lo respaldan. Esta clasificación —créditos contra la masa, privilegiados especiales, privilegiados generales, ordinarios y subordinados— determina el orden en que serán satisfechos los acreedores si se produce la liquidación. La fase común concluye con el informe definitivo del administrador concursal y el auto del juez que abre la siguiente fase.
Fase de convenio: el acuerdo con los acreedores
La fase de convenio es la primera salida posible del concurso y la más favorable cuando existe viabilidad real. El deudor y los acreedores pueden presentar propuestas de convenio que establezcan las condiciones de pago: quitas, esperas o una combinación de ambas. La ley permite quitas de hasta el 75% del importe de los créditos ordinarios y esperas de hasta diez años.
La aprobación del convenio ya no requiere la celebración de una junta de acreedores. Desde la reforma de la Ley 16/2022, la adhesión se produce mediante firma ológrafa o electrónica de los acreedores, lo que agiliza significativamente el proceso. Si el convenio alcanza los porcentajes de adhesión legalmente establecidos y el juez lo ratifica, pasa a ser vinculante para todos los acreedores ordinarios y subordinados, incluso para los que no se adhirieron. El convenio aprobado da por concluido el concurso y permite al deudor continuar su actividad pagando las deudas de forma progresiva y asumible.
Fase de liquidación: venta ordenada del patrimonio
Si no se alcanza un convenio o este no puede cumplirse, el procedimiento avanza hacia la liquidación. El administrador concursal elabora un plan de liquidación que establece cómo se venden los bienes del deudor para obtener el mayor valor posible y distribuirlo entre los acreedores según el orden de prelación legal.
En empresas con actividad real, puede incluirse la venta de la unidad productiva como conjunto —instalaciones, clientela, contratos, trabajadores— a un tercero, lo que permite preservar empleos y obtener un precio superior al de la venta de activos por separado. Para las personas físicas, la liquidación del patrimonio es el paso previo a solicitar el EPI y cancelar definitivamente todas las deudas no cubiertas.
Fase de calificación: fortuito o culpable
La fase de calificación es la valoración final del juez sobre la conducta del deudor. El administrador concursal y el Ministerio Fiscal emiten un informe determinando si el concurso es fortuito —insolvencia por circunstancias ajenas a la voluntad del deudor— o culpable —insolvencia generada o agravada por dolo o negligencia grave—.
La calificación culpable puede suponer para los administradores: inhabilitación de hasta quince años, pérdida de derechos de cobro como acreedores y condena a cubrir el déficit concursal con patrimonio personal. Para las personas físicas, implica la pérdida del derecho a obtener el EPI. La preparación correcta del expediente desde el inicio es la mejor garantía de calificación fortuita.
La calificación del concurso determina si existe responsabilidad personal
Responsabilidad de los administradores en el concurso de acreedores
Una de las preguntas que más nos hacen los empresarios antes de iniciar un procedimiento concursal es siempre la misma: ¿pueden los acreedores ir contra mi patrimonio personal si la empresa no puede pagar?
La respuesta depende de forma determinante de cómo se tramite el procedimiento y de cómo se califique el concurso al final del proceso.
Concurso fortuito: los administradores quedan protegidos
El concurso se califica como fortuito cuando la insolvencia fue consecuencia de circunstancias ajenas a la voluntad del deudor: pérdida de clientes, caída de ingresos, impago de deudores, crisis de mercado, pandemia, desastres naturales.
En este caso, los administradores quedan completamente exonerados de responsabilidad personal y el concurso se cierra sin ninguna consecuencia patrimonial adicional para ellos o para los socios de la empresa.
Inhabilitación, pérdida de derechos y responsabilidad patrimonial personal
Concurso culpable: las consecuencias son muy graves
El concurso se califica como culpable cuando el juez aprecia que el deudor generó o agravó su insolvencia de forma dolosa o por negligencia grave. Los comportamientos que con más frecuencia llevan a esta calificación son:
- No haber solicitado el concurso en el plazo legal de dos meses desde la insolvencia
- Haber realizado pagos a acreedores relacionados —socios, familiares, empresas vinculadas— en perjuicio del resto de acreedores
- Haber sacado dinero de la empresa sin justificación o sin la contraprestación correspondiente
- Llevar una contabilidad irregular o haber ocultado bienes al administrador concursal
- Haber realizado actos de disposición patrimonial en perjuicio de los acreedores en los dos años previos al concurso
Las consecuencias son muy graves: inhabilitación para administrar bienes ajenos durante un período de entre dos y quince años, pérdida de los derechos que tuvieran como acreedores en el concurso y, lo más grave de todo, condena a cubrir el déficit concursal con su patrimonio personal.
La preparación correcta del expediente desde el primer momento, la documentación exhaustiva y la actuación transparente durante todo el procedimiento son los factores que más contribuyen a garantizar la calificación fortuita. En S&R Legal trabajamos intensamente en la fase pre-concursal precisamente para construir el expediente que proteja a los administradores de cualquier responsabilidad personal.
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El tipo de concurso determina los plazos, los costes y el nivel de protección del deudor
Tipos de concurso de acreedores: cuál aplica a tu caso
No todos los concursos son iguales. La Ley Concursal establece distintas modalidades en función del perfil del deudor, de su situación patrimonial y del volumen de deuda. Conocer cuál corresponde a cada caso es el primer paso para diseñar la estrategia más eficaz.
Concurso voluntario
Concurso sin masa o exprés
Es la modalidad más frecuente en particulares y pequeños autónomos. Se aplica cuando el deudor no tiene bienes con los que cubrir ni siquiera los gastos del procedimiento. El juez puede declarar simultáneamente el concurso y su conclusión, abriendo el camino directo a la exoneración de las deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Es la vía más rápida —entre 3 y 8 meses— y la más económica. En España, los concursos sin masa representan el 85% del total de procedimientos concursales, lo que confirma que la gran mayoría de los deudores son particulares y autónomos sin patrimonio significativo.
Concurso necesario
Lo solicitan los acreedores cuando el deudor no ha cumplido su obligación de declararse en concurso en el plazo legal de dos meses. El deudor pierde la iniciativa y las facultades de gestión desde el primer momento. Las condiciones del proceso son habitualmente peores y el riesgo de calificación culpable es significativamente mayor.
Concurso con masa
Procedimiento especial para microempresas
Introducido por la reforma de 2022, está diseñado para autónomos y pymes con un pasivo inferior a un millón de euros. Se tramita de forma íntegramente electrónica, simplifica los trámites, reduce costes y agiliza la resolución. En 2025, esta modalidad representa ya casi una sexta parte del total de concursos en España, lo que confirma su creciente relevancia para el tejido empresarial de pequeñas empresas.
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Preguntas frecuentes sobre Concurso de Acreedores
1. ¿Qué es exactamente el concurso de acreedores y para qué sirve?
El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) cuyo objetivo es organizar de forma ordenada la situación de insolvencia de una persona —física o jurídica— que no puede hacer frente a sus obligaciones de pago de forma regular. En términos prácticos, sirve para dos cosas fundamentales: proteger al deudor de las acciones individuales de los acreedores y garantizar que el proceso de pago o cancelación de deudas se gestione de forma colectiva, transparente y supervisada por un juez mercantil.
Desde el momento en que el juez declara el concurso, se paralizan automáticamente todos los embargos en curso y no se pueden iniciar nuevos procedimientos de ejecución contra el deudor. Los acreedores no pueden actuar por su cuenta: todo se canaliza a través del procedimiento judicial. Esto supone un alivio inmediato y tangible para el deudor, que puede recuperar cierta estabilidad económica mientras se tramita el proceso.
El concurso de acreedores no es el fin del camino: es la herramienta legal que permite ordenar la situación y encontrar la salida más adecuada en cada caso, que puede ser un convenio de pagos con los acreedores, la liquidación ordenada del patrimonio o, en el caso de las personas físicas, la exoneración definitiva de todas las deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Bien tramitado, el concurso de acreedores es una segunda oportunidad, no un fracaso.
2. ¿Quién puede declararse en concurso de acreedores?
3. ¿Cuándo estoy obligado a solicitar el concurso de acreedores?
La Ley Concursal establece una obligación clara: el deudor debe solicitar el concurso de acreedores en un plazo máximo de dos meses desde que conoce —o debería conocer— su situación de insolvencia actual. Incumplir este plazo no es una infracción menor: puede tener consecuencias muy graves sobre el resultado final del procedimiento.
Si el concurso se declara más tarde a instancia de los acreedores —concurso necesario— y el juez aprecia que el deudor conocía su insolvencia pero no lo solicitó a tiempo, esto puede contribuir a la calificación del concurso como culpable. La calificación culpable implica que el deudor o los administradores de la empresa pueden ser declarados responsables del déficit concursal con su patrimonio personal, inhabilitados para administrar bienes ajenos durante un período de hasta quince años y obligados a indemnizar a los acreedores por los daños causados.
La ley presume que el deudor conoce su situación de insolvencia cuando concurren determinadas circunstancias objetivas: el sobreseimiento generalizado en el pago de obligaciones corrientes, la existencia de embargos que afectan al conjunto del patrimonio, o la existencia de un título ejecutivo sin bienes libres suficientes para hacer frente al pago. Si te encuentras en alguna de estas situaciones, el plazo de dos meses ya está corriendo. Actuar antes de que lo hagan los acreedores es siempre la mejor decisión.
4. ¿Cuál es la diferencia entre concurso voluntario y concurso necesario?
5. ¿Qué es el concurso de acreedores exprés o concurso sin masa?
El concurso exprés, denominado técnicamente concurso sin masa activa, es la modalidad del procedimiento concursal que aplica cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para cubrir incluso los gastos propios de la tramitación del concurso. Es la modalidad más habitual entre particulares y pequeños autónomos, y también la más ágil y económica de todas las formas de concurso.
Cuando el juez constata que no hay bienes suficientes para sostener el procedimiento ordinario, puede declarar simultáneamente en el mismo Auto la apertura y la conclusión del concurso por insuficiencia de masa. Este trámite, que en la práctica supone el cierre del expediente concursal, es precisamente el punto de partida para solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) mediante la Ley de Segunda Oportunidad.
Las ventajas del concurso exprés son múltiples. En primer lugar, no requiere la designación de un administrador concursal salvo que los acreedores que representen al menos el 5% del pasivo lo soliciten expresamente en los quince días siguientes a la publicación del Auto. Esto reduce considerablemente el coste del procedimiento. En segundo lugar, los plazos son significativamente menores: dependiendo del juzgado, el concurso sin masa puede resolverse en un plazo de entre tres y ocho meses. En S&R Legal tramitamos un elevado volumen de concursos exprés cada año y conocemos los tiempos reales de cada juzgado en toda España.
6. ¿Qué pasa con mis deudas cuando se declara el concurso de acreedores?
7. ¿Puedo seguir trabajando o dirigiendo mi empresa durante el concurso de acreedores?
8. ¿Qué es el administrador concursal y qué papel juega en el proceso?
9. ¿Qué es la fase de convenio en el concurso de acreedores?
10. ¿Qué ocurre en la fase de liquidación del concurso de acreedores?
La fase de liquidación es la fase final del concurso cuando no se alcanza un convenio con los acreedores o cuando el deudor no tiene capacidad de pago suficiente para proponer uno viable. En esta fase, el administrador concursal elabora un plan de liquidación que establece cómo se van a vender los bienes y derechos del deudor para obtener el máximo valor posible y distribuirlo entre los acreedores según el orden de prelación legal.
La liquidación no es un proceso caótico ni una venta a precio de saldo: está supervisada por el juez y el administrador concursal, y su objetivo es siempre maximizar el valor de los activos. En el caso de empresas con actividad real, puede incluir la venta de la unidad productiva como conjunto —instalaciones, clientela, contratos, marca— a un tercero interesado en continuar la actividad, lo que permite preservar empleos y obtener un precio superior al de la venta de los activos por separado.
Para las personas físicas, la liquidación del patrimonio tiene una particularidad muy importante: no es el fin del proceso, sino el paso previo a la exoneración del pasivo insatisfecho. Una vez liquidados los bienes y satisfecha la mayor cantidad posible de deuda, el deudor puede solicitar el EPI para que el juez cancele definitivamente las deudas que no han podido ser cubiertas. Es decir: la liquidación abre la puerta a empezar completamente de cero, sin deudas y sin consecuencias futuras.
11. ¿Qué es la calificación del concurso y qué consecuencias tiene?
12. ¿Puedo perder mi vivienda habitual en un concurso de acreedores?
13. ¿Qué pasa con los trabajadores de una empresa en concurso de acreedores?
14. ¿Cuánto tarda un concurso de acreedores en resolverse?
15. ¿Cuánto cuesta un concurso de acreedores?
16. ¿Qué documentación necesito para solicitar el concurso de acreedores?
17. ¿Puede un acreedor solicitar el concurso de acreedores de mi empresa o de mí mismo?
18. ¿Qué es el preconcurso de acreedores y cuándo conviene solicitarlo?
19. ¿Qué diferencia hay entre el concurso de acreedores de una empresa y el de una persona física?
Aunque ambos procedimientos se rigen por la misma normativa —el Texto Refundido de la Ley Concursal— y se tramitan ante el Juzgado de lo Mercantil, existen diferencias fundamentales entre el concurso de una empresa (persona jurídica) y el de una persona física.
La diferencia más importante es el destino final del procedimiento. En el concurso de una empresa, si no se alcanza un convenio, el procedimiento termina con la liquidación del patrimonio y la extinción de la sociedad. La empresa deja de existir. En el concurso de una persona física, la liquidación del patrimonio no es el fin: es el paso previo para obtener el EPI (la Exoneración del Pasivo Insatisfecho), que permite cancelar todas las deudas que no han podido ser satisfechas y empezar de cero. La persona física sigue existiendo, sin deudas y con la posibilidad de rehacer su vida económica.
La segunda diferencia relevante es el alcance de la responsabilidad. En una empresa bien constituida como sociedad limitada o sociedad anónima, la responsabilidad de los socios está limitada al capital social aportado, salvo que el concurso se califique como culpable. En el caso del autónomo o del particular, no existe esa separación patrimonial: su patrimonio personal responde directamente de todas sus deudas, lo que hace que la obtención del EPI sea especialmente importante para recuperar la estabilidad económica. En S&R Legal analizamos en cada caso cuál es la estrategia más adecuada en función del perfil del deudor.
20. ¿Qué es la masa activa y la masa pasiva en un concurso de acreedores?
21. ¿Puedo solicitar el concurso de acreedores si tengo deudas solo con Hacienda o la Seguridad Social?
Técnicamente sí, siempre que haya al menos dos acreedores, y es perfectamente posible que esos dos acreedores sean la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La Ley Concursal no exige que las deudas sean de naturaleza privada para poder acceder al procedimiento.
Sin embargo, en la práctica, cuando las deudas son exclusivamente o mayoritariamente de naturaleza pública, hay que valorar cuidadosamente si el concurso es la herramienta más adecuada. Las deudas con Hacienda y la Seguridad Social tienen un tratamiento específico en el concurso: los primeros 5.000 euros se exoneran íntegramente y del tramo siguiente se exonera el 50%, con un límite máximo de 10.000 euros por organismo. Lo que supere ese límite no puede cancelarse mediante el EPI y deberá gestionarse a través de un plan de pagos.
La sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026 ha ampliado las posibilidades de exoneración de deuda pública al establecer que el límite de 10.000 euros se aplica a cada acreedor público de forma independiente, lo que mejora significativamente las condiciones para deudores con deudas simultáneas con varios organismos públicos. En cualquier caso, si tus deudas son principalmente con la Administración, es fundamental analizar si existen otras alternativas —aplazamientos, fraccionamientos, prescripción de la deuda— antes de decidir iniciar un procedimiento concursal. En S&R Legal hacemos este análisis de forma gratuita en la primera consulta.
22. ¿Qué es el convenio concursal y cómo se negocia con los acreedores?
23. ¿Qué responsabilidad tienen los administradores de una empresa en el concurso de acreedores?
24. ¿Puedo vender bienes de mi empresa o de mi patrimonio una vez declarado el concurso?
25. ¿Puedo pedir financiación o nuevos préstamos mientras estoy en concurso de acreedores?
26. ¿Qué es el Registro Público Concursal y qué información contiene sobre mí?
Durante la tramitación del concurso de acreedores, la capacidad del deudor para contraer nuevas deudas está fuertemente limitada. La razón es clara: el objetivo del procedimiento es ordenar y satisfacer las deudas ya existentes, y permitir que el deudor contraiga nuevas obligaciones durante el proceso comprometería ese objetivo y perjudicaría a los acreedores ya existentes.
Para las empresas en concurso, cualquier nueva financiación que se solicite durante el procedimiento —créditos de proveedores, préstamos bancarios, descuentos de efectos— debe ser autorizada por el administrador concursal. Sin esa autorización, la operación puede ser anulada. Existe una excepción importante: los créditos que el administrador concursal autoriza durante el concurso tienen la consideración de créditos contra la masa, lo que significa que se pagan con preferencia sobre todos los demás. Esto puede facilitar la obtención de financiación puntual necesaria para mantener la actividad durante el procedimiento.
Para las personas físicas, la situación es similar: no pueden contraer nuevas deudas durante el procedimiento sin autorización del administrador concursal o del juzgado. Hacerlo sin autorización puede perjudicar la obtención del EPI al final del proceso, ya que el juez valorará la conducta del deudor durante todo el procedimiento para decidir si concede la exoneración. Una vez concluido el concurso y obtenida la exoneración, no existe ningún período de espera legal para solicitar financiación: el deudor puede pedir préstamos e hipotecas con total normalidad desde el primer día tras la obtención del EPI.
27. ¿Qué diferencia hay entre el concurso de acreedores y la quiebra?
28. ¿Qué es el procedimiento especial para microempresas y a quién aplica?
30. ¿Qué ocurre después de obtener la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el concurso de acreedores?
Sí, y en muchos casos es la solución más eficaz y menos costosa. Antes de llegar al concurso formal, existen varios mecanismos que permiten al deudor negociar directamente con sus acreedores para reestructurar la deuda sin necesidad de un procedimiento judicial completo.
El más relevante es el plan de reestructuración extrajudicial, que permite al deudor —empresa o autónomo— negociar con sus acreedores una quita o una espera que haga viable la continuidad del negocio. Si se alcanza un acuerdo con los acreedores que representan una mayoría suficiente del pasivo, el plan puede homologarse judicialmente, lo que lo hace vinculante incluso para los acreedores que no estuvieron de acuerdo —los llamados acreedores disidentes— siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
La ventaja principal del acuerdo extrajudicial es que permite resolver la situación de insolvencia de forma más rápida, más económica y con menor impacto reputacional que el concurso formal. No hay publicación en el BOE ni en el RPC de la misma forma que en el concurso, lo que preserva mejor la imagen del deudor ante clientes, proveedores y empleados. Sin embargo, no siempre es posible: requiere que exista un mínimo de predisposición por parte de los principales acreedores a negociar y que el deudor tenga una propuesta creíble y bien documentada que presentarles. En S&R Legal analizamos en cada caso si la vía extrajudicial es viable antes de recomendar la presentación del concurso.
Abogados especialistas en Concurso de Acreedores — Derecho Concursal en toda España
El concurso de acreedores es el mecanismo legal que protege a particulares, autónomos y empresas cuando no pueden hacer frente a sus deudas. Desde el momento en que se presenta la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil, se paralizan automáticamente todos los embargos y reclamaciones. Nadie puede actuar de forma individual contra tu patrimonio: el proceso pasa a ser colectivo, ordenado y supervisado por un juez.
En S&R Legal llevamos más de 12 años especializados en derecho concursal. Hemos acompañado a más de 4.000 personas, autónomos y empresas a salir de situaciones de insolvencia en toda España. Si no sabes qué hacer con tus deudas, el primer paso es hablar con nosotros. La consulta inicial es completamente gratuita y sin ningún compromiso.
¿Qué es el concurso de acreedores y cuándo debes solicitarlo?
El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), profundamente reformado y modernizado por la Ley 16/2022. Su objetivo es organizar la situación de insolvencia de un deudor —persona física o empresa— de forma que los acreedores puedan cobrar de forma ordenada y el deudor pueda encontrar una salida real y viable a su situación financiera sin que el procedimiento se convierta en una trampa sin salida.
La ley es clara y no admite interpretaciones favorables a la inacción: si no puedes pagar tus deudas de forma regular, tienes la obligación legal de solicitar el concurso en un plazo máximo de dos meses desde que conoces o deberías conocer tu situación de insolvencia. No hacerlo tiene consecuencias muy graves que van mucho más allá del propio procedimiento. Si el concurso se declara más tarde a instancia de los acreedores, el deudor pierde el control del proceso desde el primer momento, se expone a que el concurso sea calificado como culpable y, en el caso de los administradores de empresas, asume el riesgo de responsabilidad personal sobre su patrimonio privado e inhabilitación de hasta quince años.
La ley presume que el deudor conoce su insolvencia cuando concurren determinadas circunstancias objetivas e inequívocas. Las señales que indican que es momento de actuar de forma inmediata son:
- Impago reiterado de deudas vencidas con varios acreedores durante más de tres meses
- Embargos activos sobre cuentas bancarias, nóminas o bienes, o amenaza inminente de embargo
- Imposibilidad de obtener financiación para cubrir pagos corrientes o mantener la actividad
- Certeza de que en los próximos tres meses no se podrán atender las obligaciones de pago
- Ejecuciones judiciales en curso que afectan de forma general al patrimonio
- Sobreseimiento generalizado en el pago de obligaciones tributarias, laborales o con la Seguridad Social
Cuanto antes se actúa, más opciones hay. El concurso solicitado de forma proactiva por el propio deudor —concurso voluntario— ofrece siempre mejores condiciones que el solicitado por los acreedores. En el concurso voluntario, el deudor mantiene sus facultades de gestión y administración con la supervisión del administrador concursal. En el concurso necesario, instado por los acreedores, esas facultades quedan suspendidas desde el primer día y pasan directamente al administrador concursal.
El concurso de acreedores en España en 2026: los datos
El panorama concursal en España en 2026 es significativo. Los concursos de personas físicas superaron a los de personas jurídicas al cierre de 2024, con 31.107 procesos, más del doble que en 2023, cuando se registraron 13.398. Infobae Esta tendencia refleja un mayor conocimiento del procedimiento entre particulares y autónomos, especialmente desde que la Ley de Segunda Oportunidad ha consolidado su eficacia como destino final del proceso concursal para personas físicas.
Madrid encabeza el ranking de concursos en 2026 con 224 expedientes en los primeros meses del año, seguida de Cataluña con 192 expedientes y Andalucía con 135. MUNDIARIO Geográficamente, el fenómeno es nacional: no hay provincia española en la que no se tramiten procedimientos concursales cada mes. El Consejo General de Economistas estima un incremento adicional de concursos del 2% en 2026 y del 4% en 2027, en parte por el fin de las moratorias concursales aprobadas tras la DANA de 2024.
¿Para quién es el concurso de acreedores?
El procedimiento concursal no es exclusivo de las grandes empresas. Está diseñado para tres perfiles muy distintos, cada uno con sus particularidades, sus riesgos específicos y sus estrategias de defensa más adecuadas.
Para particulares
Una persona física sin actividad empresarial puede declararse en concurso de acreedores cuando no puede hacer frente a sus deudas personales: préstamos bancarios, tarjetas de crédito, créditos revolving, hipoteca, avales o cualquier otra obligación financiera acumulada. En la gran mayoría de los casos, al no existir bienes significativos, el procedimiento que aplica es el concurso sin masa o concurso exprés, que es la vía más rápida y económica para llegar a la exoneración definitiva de las deudas.
El concurso de una persona física tiene un objetivo concreto y perfectamente definido: obtener el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), es decir, la cancelación judicial y definitiva de todas las deudas que no han podido ser satisfechas durante el procedimiento. Es lo que comúnmente se conoce como Ley de Segunda Oportunidad, y es la herramienta que en S&R Legal hemos utilizado con éxito en más de 4.000 casos en toda España.
Los efectos son inmediatos desde el primer día del procedimiento: embargos paralizados, acoso de las empresas de recobro cesado, devengo de intereses suspendido y vida cotidiana recuperada. Muchas personas que llegan a nosotros llevan años con el teléfono bloqueado por llamadas de acreedores, la nómina embargada cada mes y la angustia permanente de no saber qué van a encontrar al abrir el buzón. Todo eso se para desde el momento en que presentamos la solicitud en el juzgado.
Para autónomos
El autónomo que no puede pagar sus deudas —con bancos, proveedores, Hacienda o la Seguridad Social— puede acogerse al concurso de acreedores sin necesidad de cerrar su negocio. La declaración de concurso no implica el cese automático de la actividad: el autónomo puede seguir trabajando, facturando y generando ingresos mientras se tramita el procedimiento.
Además, los bienes y herramientas indispensables para el ejercicio de su actividad profesional están protegidos de la liquidación. No se pueden embargar ni vender el ordenador, la maquinaria necesaria para trabajar, los vehículos imprescindibles para la actividad ni ningún otro bien sin el cual el autónomo no podría seguir generando ingresos. Esta protección es especialmente relevante para autónomos de sectores como la construcción, el transporte, la hostelería, el comercio o los servicios profesionales.
El objetivo final es el mismo que para el particular: obtener la exoneración de las deudas acumuladas mediante el EPI y volver a empezar con la actividad saneada y sin la carga financiera que la estaba ahogando. Muchos autónomos que acuden a S&R Legal descubren que pueden continuar su actividad con normalidad, cancelar sus deudas pasadas y construir un negocio viable desde una base sólida y libre de obligaciones.
Para empresas
Cuando una sociedad —SL, SA u otra persona jurídica— no puede atender sus obligaciones de pago, el concurso de acreedores es el único mecanismo legal que la protege de las ejecuciones individuales de los acreedores y permite buscar una salida ordenada que preserve en la medida de lo posible el valor del negocio, proteja el empleo y defienda a sus administradores de responsabilidad personal.
El concurso de una empresa puede desembocar en dos resultados bien distintos en función de la viabilidad real del negocio:
Convenio con los acreedores. Si la empresa tiene un modelo de negocio viable —un producto o servicio con demanda real, una estructura operativa que puede ser rentable con una deuda más manejable—, es posible proponer a los acreedores quitas (reducción del importe nominal de las deudas) y esperas (aplazamiento de los plazos de pago). La ley permite quitas de hasta el 75% del importe de los créditos ordinarios y esperas de hasta diez años. Un convenio aprobado por la mayoría de los acreedores y ratificado por el juez permite que la empresa continúe su actividad y pague sus deudas de forma progresiva y asumible, sin necesidad de liquidar el patrimonio.
Liquidación ordenada. Si la empresa no tiene viabilidad real o no se alcanza un convenio con los acreedores, el procedimiento lleva a la liquidación del patrimonio de forma organizada bajo la supervisión del administrador concursal y del juez. Bien tramitada, la liquidación concursal protege a los administradores de responsabilidad personal —siempre que el concurso se califique como fortuito— y cierra la empresa sin consecuencias jurídicas adicionales para sus socios. La liquidación ordenada es infinitamente mejor que el cierre desordenado: protege a los trabajadores, garantiza el orden de cobro de los acreedores y libera a los administradores de la responsabilidad que se acumularía si la empresa simplemente dejara de operar sin más.
Tipos de concurso de acreedores: cuál aplica a tu caso
No todos los concursos son iguales. La Ley Concursal establece distintas modalidades en función del perfil del deudor, de su situación patrimonial y del volumen de deuda. Conocer cuál corresponde a cada caso es el primer paso para diseñar la estrategia más eficaz y protectora.
Concurso voluntario. Lo solicita el propio deudor. Es la opción recomendable siempre que sea posible: permite actuar antes de que la situación se deteriore más, ofrece mayor capacidad de negociación con los acreedores, protege al deudor de la calificación culpable y le permite mantener las facultades de gestión con supervisión del administrador concursal.
Concurso necesario. Lo solicitan los acreedores cuando el deudor no ha cumplido su obligación de declararse en concurso en el plazo legal de dos meses. El deudor pierde la iniciativa y las facultades de gestión desde el primer momento. Las condiciones del proceso son habitualmente peores, el riesgo de calificación culpable es significativamente mayor y la capacidad de negociación con los acreedores se reduce drásticamente.
Concurso sin masa o concurso exprés. Es la modalidad más frecuente en particulares y pequeños autónomos. Se aplica cuando el deudor no tiene bienes con los que cubrir ni siquiera los gastos del procedimiento. El juez puede declarar simultáneamente el concurso y su conclusión por insuficiencia de masa activa, abriendo el camino directo a la exoneración de las deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Es la vía más rápida —entre 3 y 8 meses— y la más económica de todas las modalidades. Los concursos sin masa representan el 85% del total de procedimientos concursales en España El Derecho, lo que confirma que la inmensa mayoría de los deudores que acuden al concurso son particulares y autónomos sin patrimonio significativo.
Concurso con masa. Cuando el deudor tiene bienes o activos significativos, interviene un administrador concursal que elabora el inventario completo, valora los activos y gestiona la liquidación de forma ordenada respetando el orden de prelación de los acreedores establecido por la ley. Es un proceso más complejo, más largo y con mayor coste, pero también el que ofrece mayores posibilidades de alcanzar un convenio cuando existe viabilidad real del negocio.
Procedimiento especial para microempresas. Introducido por la reforma concursal de 2022, está diseñado específicamente para autónomos y pymes con un pasivo inferior a un millón de euros. Se tramita de forma íntegramente electrónica, simplifica los trámites, reduce costes y agiliza la resolución. Los procedimientos especiales para microempresas representan ya casi una cuarta parte del total de concursos en España MUNDIARIO, lo que confirma que esta modalidad está ganando protagonismo como herramienta de acceso real a la justicia concursal para las pequeñas empresas.
Las fases del concurso de acreedores: paso a paso
Aunque cada procedimiento tiene sus particularidades, el concurso de acreedores sigue una estructura procesal bien definida por la Ley Concursal. Conocer estas fases con detalle permite anticipar lo que va a ocurrir y preparar cada paso con la máxima antelación posible.
Fase de preparación y preconcurso
Antes de la declaración formal del concurso existe una etapa previa de enorme importancia estratégica: el preconcurso o comunicación de inicio de negociaciones. El deudor que comunica al juzgado que ha iniciado negociaciones con sus acreedores activa de inmediato una protección de tres meses durante la cual no se pueden iniciar nuevas ejecuciones judiciales ni embargos por deudas anteriores. Las ejecuciones ya en curso también quedan suspendidas. Este período puede prorrogarse hasta seis meses en determinadas circunstancias.
El preconcurso es especialmente útil cuando la empresa tiene un modelo de negocio viable pero atraviesa una crisis de liquidez que puede resolverse con una reestructuración de la deuda, o cuando existe un grupo de acreedores mayoritario con predisposición real a negociar. Si al final del período no se alcanza ningún acuerdo, el deudor debe presentar la solicitud de concurso de forma inmediata.
En S&R Legal analizamos en cada caso si la vía del preconcurso es viable antes de recomendar la presentación formal del concurso. En muchos casos, el acuerdo extrajudicial evita por completo el procedimiento judicial y sus costes asociados.
Fase común
La fase común se inicia con la declaración del concurso por parte del Juzgado de lo Mercantil. El Auto de declaración produce efectos inmediatos y muy significativos: quedan paralizadas todas las ejecuciones individuales en curso, se suspende el devengo de intereses de las deudas ordinarias y se nombra al administrador concursal.
Durante esta fase, el administrador concursal realiza dos trabajos fundamentales. El primero es elaborar el inventario de la masa activa: el conjunto completo de bienes y derechos del deudor, valorados de forma individualizada. El segundo es elaborar la lista de acreedores, clasificando cada crédito según su naturaleza y las garantías que lo respaldan: créditos contra la masa, créditos con privilegio especial, créditos con privilegio general, créditos ordinarios y créditos subordinados. Esta clasificación determina el orden en que serán satisfechos los acreedores si se produce la liquidación del patrimonio.
La fase común concluye con la emisión del informe definitivo del administrador concursal, una vez resueltas las impugnaciones que los acreedores o el deudor hayan podido presentar al informe provisional. El juez dicta entonces el Auto que cierra la fase común y abre simultáneamente la fase de convenio.
Fase de convenio
La fase de convenio es la primera salida posible del concurso y la más favorable para el deudor cuando existe viabilidad real. El deudor —y también los acreedores— pueden presentar propuestas de convenio que establezcan las condiciones en que serán satisfechas las deudas: quitas, esperas o una combinación de ambas. La ley permite quitas de hasta el 75% del importe de los créditos ordinarios y esperas de hasta diez años.
Para la aprobación del convenio, se convoca la junta de acreedores, que vota sobre las propuestas presentadas. Si el convenio alcanza los porcentajes de adhesión legalmente establecidos y el juez lo ratifica, pasa a ser vinculante para todos los acreedores ordinarios y subordinados, incluso para los que votaron en contra. El convenio aprobado da por concluido el concurso y permite al deudor continuar su actividad pagando sus deudas de forma progresiva según el plan aprobado.
Si no se alcanza ningún convenio, o si el convenio aprobado no se cumple, el procedimiento avanza hacia la fase de liquidación.
Fase de liquidación
La fase de liquidación se activa cuando no es posible alcanzar un convenio o cuando el deudor no tiene capacidad de pago suficiente para proponer uno viable. El administrador concursal elabora un plan de liquidación que establece cómo se van a vender los bienes y derechos del deudor para obtener el mayor valor posible y distribuirlo entre los acreedores según el orden de prelación legal.
La liquidación no es un proceso caótico: está supervisada por el juez y el administrador concursal, y su objetivo es siempre maximizar el valor de los activos. En el caso de empresas con actividad real, puede incluir la venta de la unidad productiva como conjunto —instalaciones, clientela, contratos, marca, trabajadores— a un tercero interesado en continuar la actividad, lo que permite preservar empleos y obtener un precio muy superior al de la venta de los activos por separado.
Para las personas físicas, la liquidación del patrimonio no es el fin del proceso sino el paso previo a la exoneración del pasivo insatisfecho. Una vez liquidados los bienes y satisfecha la mayor cantidad posible de deuda, el deudor puede solicitar el EPI para que el juez cancele definitivamente las deudas que no han podido ser cubiertas.
Fase de calificación
La fase de calificación es la valoración final que hace el juez sobre la conducta del deudor durante el procedimiento y en los años previos a la insolvencia. El administrador concursal y el Ministerio Fiscal emiten un informe conjunto determinando si el concurso debe calificarse como fortuito —cuando la insolvencia fue consecuencia de circunstancias ajenas a la voluntad del deudor— o como culpable —cuando se aprecia que el deudor generó o agravó su insolvencia de forma dolosa o por negligencia grave—.
Las consecuencias de la calificación culpable son muy graves. Para las personas físicas, implica la pérdida del derecho a obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. Para los administradores de empresas, puede suponer inhabilitación de hasta quince años, pérdida de los derechos de cobro como acreedores y condena a cubrir el déficit concursal con patrimonio personal.
La responsabilidad de los administradores en el concurso de acreedores
Este es, junto con la vivienda, el aspecto que más preocupa a los empresarios que se plantean iniciar un procedimiento concursal. La pregunta es siempre la misma: ¿pueden los acreedores ir contra mi patrimonio personal si la empresa no puede pagar?
La respuesta corta es: depende de cómo se tramite el concurso. En una sociedad limitada o anónima, la responsabilidad de los socios y administradores está limitada en principio al capital social aportado. Sin embargo, esta protección desaparece si el concurso se califica como culpable.
Comportamientos que llevan a la calificación culpable
Los factores que con mayor frecuencia llevan a la calificación culpable son: no haber solicitado el concurso en el plazo legal de dos meses desde la insolvencia, haber realizado pagos a acreedores relacionados —socios, familiares, empresas vinculadas— en los dos años previos al concurso en perjuicio del resto de acreedores, haber sacado dinero de la empresa sin justificación o sin la contraprestación correspondiente, haber llevado una contabilidad irregular o inexistente, haber ocultado bienes al administrador concursal, o haber realizado actos de disposición patrimonial en perjuicio de los acreedores.
La protección que ofrece el concurso bien tramitado
Por el contrario, un procedimiento iniciado a tiempo, con documentación exhaustiva y completa, con plena transparencia y colaboración con el administrador concursal y el juzgado, tiene todas las papeletas para concluir con una calificación fortuita que exonera a los administradores de cualquier responsabilidad personal. En S&R Legal trabajamos intensamente en la fase pre-concursal para construir el expediente que garantice esa calificación.
Qué pasa con tu vivienda en el concurso de acreedores
La vivienda habitual es la preocupación principal de la mayoría de personas que consultan con nosotros, y la respuesta honesta es que en la mayoría de los casos no se pierde. Desde la reforma de la Ley Concursal de 2022, el deudor puede optar por un plan de pagos diseñado para proteger su vivienda: si la hipoteca está al corriente de pago y el valor del inmueble no supera significativamente la deuda hipotecaria pendiente, el juez puede excluir la vivienda de la liquidación y permitir que se siga pagando la hipoteca mientras se cancelan el resto de las deudas. La vivienda solo puede verse comprometida cuando no tiene hipoteca o esta está casi amortizada, o cuando su valor de mercado supera claramente la carga hipotecaria pendiente. Cada caso es distinto, y en S&R Legal analizamos la situación patrimonial de cada cliente antes de recomendar cualquier estrategia.
La hipoteca durante el concurso
La hipoteca tiene un tratamiento especial en el procedimiento: es un crédito con privilegio especial que no queda absorbido automáticamente por el convenio general con los demás acreedores. Si el pago de la hipoteca se mantiene al corriente, el banco no puede ejecutarla mientras el concurso está activo. Esto proporciona una protección temporal crucial para el deudor que quiere conservar su vivienda, ya que detiene el proceso de ejecución hipotecaria mientras se negocia la solución definitiva con el resto de los acreedores.
Qué pasa con los avalistas
La exoneración obtenida en el procedimiento concursal afecta exclusivamente al deudor que se acoge a él. Los acreedores pueden seguir reclamando la deuda avalada a los avalistas con total libertad, a menos que estos inicien su propio procedimiento. Si tienes avalistas implicados, es fundamental planificar la estrategia conjuntamente desde el inicio para minimizar el impacto sobre las personas que en su momento confiaron en ti.
Deudas que se cancelan y deudas que no en el concurso de acreedores
No todas las deudas tienen el mismo tratamiento en el procedimiento concursal. Conocer qué se puede cancelar y qué no es fundamental para evaluar de forma realista las posibilidades del caso.
Deudas que se cancelan íntegramente
La Ley de Segunda Oportunidad, como resultado del procedimiento concursal, permite cancelar al 100% todas las deudas privadas sin excepción ni límite de importe: préstamos bancarios, tarjetas de crédito, créditos revolving, microcréditos, deudas con proveedores, deudas derivadas de avales, recibos impagados de suministros y cualquier otra obligación financiera privada acumulada.
Deudas con Hacienda y la Seguridad Social
La reforma de la Ley Concursal de 2022, reforzada por la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026, permite también cancelar parcialmente las deudas con la Administración Pública. Los primeros 5.000 euros de deuda con Hacienda se exoneran de forma íntegra. Del tramo siguiente, hasta alcanzar los 10.000 euros en total, se exonera el 50%. La misma regla aplica de forma independiente a las deudas con la Seguridad Social: otros 10.000 euros máximos de exoneración por separado. En total, es posible cancelar hasta 20.000 euros de deuda pública combinando los límites de ambos organismos.
La deuda que supere esos límites no puede cancelarse mediante el EPI, pero puede gestionarse a través de un plan de pagos adaptado a la capacidad económica real del deudor.
Deudas que no se pueden cancelar
La ley excluye expresamente de la exoneración: las pensiones alimenticias y obligaciones de alimentos fijadas judicialmente, las indemnizaciones por daños personales causados por delito, las multas y sanciones penales, y las deudas con la Administración que superen los límites legales establecidos salvo en los supuestos previstos por la jurisprudencia más reciente.
Concurso de acreedores y Ley de Segunda Oportunidad: cómo se conectan
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial que organiza la insolvencia, paraliza los embargos y gestiona el patrimonio —el camino—, mientras que la Ley de Segunda Oportunidad es el resultado final al que aspiran las personas físicas: la exoneración definitiva de todas las deudas, el EPI. Son dos partes del mismo proceso, no dos alternativas distintas, y en S&R Legal las gestionamos de forma integrada diseñando desde el primer momento la estrategia que lleva del concurso a la exoneración en el menor tiempo y con el menor coste posible.
No es posible acceder a la Ley de Segunda Oportunidad sin pasar por el concurso de acreedores. El EPI es la resolución final del procedimiento concursal de una persona física: no existe fuera de ese marco procesal. Por eso, cuando alguien llega a S&R Legal con deudas que no puede pagar, lo primero que hacemos es diseñar la estrategia que conecta ambos procedimientos de la forma más eficiente posible.
Cuánto cuesta un concurso de acreedores en 2026
El coste del procedimiento varía significativamente en función del tipo de concurso y de si es necesaria la intervención de un administrador concursal.
Para el concurso exprés de persona física sin bienes, los costes son los más reducidos. Al no requerirse administrador concursal de forma obligatoria —salvo que los acreedores que representen al menos el 5% del pasivo lo soliciten expresamente en los quince días siguientes al Auto—, el coste se limita a los honorarios del abogado y del procurador. En S&R Legal trabajamos con honorarios transparentes y planes de pago fraccionado adaptados a cada situación económica, porque entendemos que quien se declara en concurso no puede afrontar un gasto elevado e inmediato.
Para el concurso ordinario de empresa, los costes son más altos porque incluyen los honorarios del administrador concursal, regulados por el Real Decreto 1860/2004 en función del activo y el pasivo del concursado. A esto se suman los honorarios del abogado y el procurador, y los posibles costes de tasaciones de activos y publicaciones oficiales.
En cualquier caso, el coste de no actuar es siempre muy superior al coste de tramitar el procedimiento de forma proactiva: nuevas ejecuciones, nuevos embargos, intereses que se acumulan, riesgo de calificación culpable, responsabilidad personal de los administradores. Cuanto antes se inicia el proceso, más opciones hay y menor suele ser el coste total del procedimiento.
Qué ocurre con los trabajadores en el concurso de acreedores
Los trabajadores tienen una posición privilegiada en el orden de cobro del concurso de acreedores. Sus créditos —salarios pendientes, indemnizaciones por despido, pagas extras impagadas— tienen la consideración de créditos con privilegio general, lo que significa que cobran antes que los acreedores ordinarios como los bancos o los proveedores.
La declaración del concurso no implica el despido automático de los trabajadores. Durante la fase de convenio, si la empresa tiene viabilidad, los trabajadores pueden continuar en sus puestos con total normalidad. Si el concurso deriva hacia la liquidación, los despidos colectivos deben ser autorizados por el juez del concurso a través de un expediente específico, lo que garantiza que el proceso se realice con las debidas garantías legales para los afectados.
En el caso de que los activos de la empresa no sean suficientes para cubrir los créditos laborales, los trabajadores pueden acudir al FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), que asume el pago de determinadas cantidades hasta los límites legalmente establecidos. Para activar la garantía del FOGASA es necesario que la administración concursal emita un certificado acreditando la deuda con cada trabajador.
La documentación necesaria para el concurso de acreedores
La correcta preparación del expediente documental es uno de los factores más importantes para el buen desarrollo del procedimiento y para la velocidad de resolución.
Para personas físicas y autónomos
La documentación básica incluye: DNI o NIE en vigor, declaraciones de la renta de los últimos ejercicios, nóminas o certificados de ingresos, extractos bancarios recientes, relación completa de deudas y acreedores con los documentos que las acreditan, relación de bienes y derechos del deudor, y certificados de situación con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Los autónomos deben aportar además los modelos fiscales de los últimos ejercicios y la documentación de su actividad.
Para empresas
Para las empresas la documentación es más extensa: escrituras de constitución y estatutos sociales actualizados, cuentas anuales de los últimos tres ejercicios con informes de auditoría si los hubiera, relación de acreedores ordenada alfabéticamente con el importe y naturaleza de cada crédito, inventario completo de bienes y derechos, plantilla de trabajadores con categorías y retribuciones, y memoria de los cambios patrimoniales relevantes desde las últimas cuentas anuales. En S&R Legal nos encargamos de preparar y organizar toda la documentación, gestionando directamente con la Administración la obtención de los certificados necesarios.
Concurso de acreedores en toda España: tramitamos en todos los juzgados
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Cómo trabajamos en S&R Legal
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